Los hechos que se dirimen en esta sentencia se remontan a 2013 cuando la recurrente adquirió una serie de fincas, por las que el Ayuntamiento giró una liquidaciones por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de dicho año, publicándose en el BO de la Comunidad Autónoma. Como consecuencia de dicha transmisión, se declara a la recurrente adquirente, en 2017, como responsable civil subsidiaria de dicha deuda por IBI (derivación de responsabilidad: art. 174.5 LGTª1), lo que se veía complicado por la anulación de los valores catastrales por ruina de las fincas en 2015.
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Obiter dicta 